Abogado Concursal
Concurso de Acreedores Personas Jurídicas
Empresas

Cuando tras la comunicación del preconcurso indicada anteriormente no es posible salvar la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa, la misma está obligada por la LC a solicitar la declaración de concurso, ya que si no lo 4 hace, y posteriormente son los acreedores lo que instan el concurso, siendo que éste caso, la denominación del mismo es de “concurso necesario”, que más adelante abordaremos, el mismo puede ser declarado como culpable, derivándose muchas consecuencias negativas para la compañía y para su órgano de administración.

Así, con este procedimiento que se va a seguir en el Juzgado de lo Mercantil competente según las normas de competencia objetiva y territorial que encontramos en la LC, se va a intentar que el la mercantil concursada satisfaga con su patrimonio a los acreedores, con determinadas alternativas de pago que puedan permitir la continuidad de la actividad o finalmente con la liquidación del mismo y el cese de la actividad.

2.1. Presupuestos

2.1.1. Presupuesto subjetivo: La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, ocupándonos en este estudio de esta segunda tipología, como hemos indicado anteriormente.

2.1.2. Presupuesto objetivo: la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común y se entiende por tal, aquel estado por el que la entidad no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (insolvencia actual) o bien prevé que no podrá hacerlo en el corto o medio plazo (insolvencia inminente).

2.2. Legitimación

Para solicitar el concurso voluntario de persona jurídica es necesario que se instado por el órgano de administración o liquidación de la misma con las especificidades contenidas en el artículo 3 LC.

2.3. Tramitación

El deudor, tiene la obligación de solicitar la declaración del concurso voluntario dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer, su estado de insolvencia.

Así, como dies a quo para dicha solicitud, se presume que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden de servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al art.2.4 de la LC, y si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4º, haya transcurrido el plazo correspondiente.

Por tanto, a tenor de lo señalado, se entiende dicha situación, conforme a lo establecido en dicho apartado 4, del artículo 2º, los siguientes supuestos:

1. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
2. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
3. El alzamiento o la liquidación ruinosa de sus bienes por el deudor.
4. El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

A diferencia del concurso voluntario de acreedores, que es instado por el propio deudor, el concurso necesario de acreedores, es aquel que es solicitado por uno de los acreedores legitimados con arreglo a lo preceptuado en el artículo 3.1 de la Ley Concursal.

Para instar el concurso necesario de acreedores, la solicitud debe fundarse en alguno de los hechos legalmente admitidos a tal efecto y han de basarse en alguno de los hechos que, como presuntos reveladores de la insolvencia, enuncia la ley.

También puede ser considerado un concurso como necesario cuando el deudor haya solicitado la declaración, pero con posterioridad a su admisión a trámite, el mismo desista, etc. Esto es lo que se conoce como concurso necesario por declaración legal.

3.1. Legitimación y tramitación

Para la solicitud del concurso necesario, el acreedor debe probar su condición y alguno de los hechos descritos en el artículo 2.4 de la Ley Concursal:

– Obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso.

– Cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período.

– Salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

A partir de este momento, el Juez debe emplazar al deudor y le ha de dar traslado de la solicitud de concurso para que comparezca en el plazo máximo de cinco días. El deudor, por su parte, puede formular oposición, debiéndolo hacer de manera escrita en el plazo anteriormente indicado, y debe proponer los medios de prueba que estime oportunos.

En caso de allanamiento e inactividad por parte del deudor, se declarará el concurso sin celebración de vista ni práctica de la prueba que acredite el estado de insolvencia del deudor, tal y como preceptúa el artículo 18.1 de la Ley Concursal. Este supuesto se asimila al concurso voluntario de acreedores, es decir, cuando éste es instado por el deudor fundado en una insolvencia actual.

En caso de oposición por parte del deudor, ésta debe fundamentarla en los siguientes hechos:

– Inexistencia del hecho (que se exponen en el artículo 2.4 de la Ley Concursal

– Existencia del hecho, pero no de la insolvencia.

3.2. Efectos de la declaración de concurso necesario

La declaración judicial de concurso necesario produce como efecto la suspensión del ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado, que es sustituido en ese ejercicio por el administrador concursal (art. 40.2 LC).

El hecho de que el concurso sea calificado como voluntario o como necesario es indiferente para la tramitación del concurso pues se tramitan del mismo modo y atendiendo a las reglas establecidas en la LC.

3.3. Requisitos de la solicitud de declaración de concurso necesario

Respecto a los requisitos para la solicitud de la declaración de concurso necesario, nos remitimos a los presupuestos objetivo y subjetivo indicados en el apartado anterior, ya que para los acreedores puedan instar el mismo, es necesario, como resulta lógico que el posible deudor concursado esté incurso en la causa de insolvencia

Tal y como se desprende del análisis de la LC, en el seno de la misma encontramos tres fases muy diferenciadas:

– La fase común: el inicio de esta fase dentro del procedimiento concursal tiene lugar a partir del dictado del Auto de declaración del concurso, y en ella es el Administrador Concursal, quien, tras su nombramiento, realizará un estudio exhaustivo del estado contable y financiero de la mercantil, determinando la masa activa y pasiva de la 11 misma a través de su informe. En él se indica la cuantía y clasificación de todos y cada uno de los créditos en función de su naturaleza. En esta fase también se tomarán todas y cada una de las medidas cautelares que sean necesarias.

– La fase de convenio: en esta fase, la administración concursal, así como la propia mercantil concursada intentan alcanzar un acuerdo con sus acreedores con las limitaciones contenidas en el artículo 100 de la LC. Si el mismo no es posible, directamente se abrirá la fase de liquidación. Dichos acuerdos deberán contener quitas y esperas en relación con los créditos pendientes de pago.

– La fase de liquidación: esta fase se abrirá con independencia de haber pasado por la anterior o no, puesto que en muchos concursos no hay posibilidad alguna de alcanzar ningún tipo de acuerdo. Así, esta fase, lo que se procederá es a liquidar todo el patrimonio de la mercantil concursada, y se empezará a pagar a los acreedores en función de la prelación de créditos realizada durante la fase común.

Por último, hay que tener en cuenta que además de las fases, dentro del concurso se inician lo que se conoce como Secciones, recogidas en el artículo 183 LC, y que no todas tienen por qué abrirse:

• La sección primera: está compuesta por todo lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso.
• La sección segunda: comprenderá todo lo que concierne a la administración concursal, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales.
• La sección tercera: en ella encontramos la determinación de la masa activa, a las autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos 12 de la masa activa, a la sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción, y a las deudas de la masa.
• La sección cuarta: comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de créditos concursales y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o reanuden contra el concursado
• La sección quinta: convenio y a la liquidación, incluidos el convenio anticipado y la liquidación anticipada.
• La sección sexta: sólo se abrirá cuando el concurso sea declarado culpable.